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Barrientos dice que actuó en Estepona «siempre con respeto a la legalidad» y apela a la presunción de inocencia
La Fiscalía Anticorrupción solicita para Barrientos diez años y nueve meses de prisión, multa de un millón de euros e inhabilitación para empleo público durante 38 años. Le acusa de los delitos de falsedad, fraude y malversación -que van en concurso-; cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, todos con carácter continuado.
Además del exregidor, están acusados otras 50 personas, entre ellas cinco exresponsables municipales, entonces miembros del PSOE y del Partido de Estepona (PES), en coalición entonces en el Gobierno local; así como empresarios y empleados municipales.
El Ministerio Público describe en su escrito de acusación un manejo arbitrario del urbanismo durante los años del ‘boom’ inmobiliario.
El exalcalde de Estepona (Málaga) Antonio Barrientos, acusado en el caso ‘Astapa’, sobre la presunta corrupción urbanística y política en dicha localidad, ha asegurado que su actuación «siempre se desarrolló con el respeto a la legalidad» y ha apelado a la presunción de inocencia.
«Cuando he tenido conocimiento de cualquier presunta ilegalidad me he dirigido a la Fiscalía Anticorrupción, cosa que hice en una decena de ocasiones, denunciando a funcionarios del departamento de Urbanismo o del Área Económica«, ha manifestado el exregidor, que entonces era miembro del PSOE.
A través de un comunicado, remitido a Europa Press, Barrientos ha considerado «incomprensible, en términos estrictos de defensa, que en la fase de instrucción no se hayan autorizado determinadas pruebas, que hubieran servido para el esclarecimiento de los hechos».
Diez años después de que se desarrollara la ‘operación Astapa’, que obligó a dimitir al entonces alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, ya se conoce de qué se acusa a los 51 investigados que aún permanecen en la causa.
La Fiscalía ha culminado su escrito de acusación, en el que solicita penas de cárcel para los principales implicados, entre los que se encuentran el propio Barrientos, quien fuera su jefe de gabinete, José Flores, y el exsenador del PSOE Francisco Zamorano, nombrado en 2004 director económico para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Estepona.
Para los tres solicita diez años de prisión, al igual que para los ediles del PES (antiguo GIL) José Ignacio Crespo y Manuel Reina y el gerente de Urbanismo nombrado por esa formación política, Pedro López. Se trata de las peticiones de prisión más altas contenidas en el escrito, de 162 páginas, en el que se mantiene la acusación contra 51 de los 95 investigados . Entre los investigados hay también trabajadores municipales y empresarios.
La Fiscalía ha culminado su escrito de acusación al solicitar diez años de prisión a Barrientos, al jefe de su gabinete José Flores y el ex senador del PSOE Francisco Zamorano
En su relato de los hechos, el fiscal sostiene que tras las elecciones municipales de 2003, cuando Barrientos accedió a la Alcaldía tras un pacto del PSOE con el Partido Estepona (PES), los nuevos gobernantes municipales tuvieron que hacer frente a una desastrosa situación económica que el municipio arrastraba de años anteriores, con una plantilla sobredimensionada de funcionarios y empleados de empresas municipales, y «en lugar de programar políticas de austeridad optaron por mantener e incluso aumentar un gasto público inasumible con los recursos presupuestarios al alcance del municipio».
En ese marco, sostiene el fiscal, optaron por financiar buena parte de ese gasto con la creación de una’caja B’, que básicamente se nutriría de aportaciones económicas de promotores y empresarios del sector inmobiliario.
Estas contribuciones, de acuerdo al relato del Ministerio Público, se tradujeron en donaciones directas al Ayuntamiento, en patrocinio de actividades deportivas y culturales y en la asunción de deudas de las concejalías o sociedades municipales como gastos propios de las empresas. Estas prácticas, según el fiscal, dieron lugar a manipulaciones en facturas y a la emisión de otros documentos falaces.
El escrito de acusación indica que los empresarios requeridos solían aceptar estas presiones para no perjudicar oportunidades de negocio, lo que dio lugar a que en los años siguientes, concretamente entre 2003 y 2007, cuando España en general y la Costa del Sol en particular vivieron un ‘boom’ inmobiliario, se normalizara «una práctica irregular que supeditaba cualquier iniciativa o medida relevante en materia urbanística a una previa negociación y acuerdo con la cúpula de uno u otro partido gobernantes».
Según el fiscal, con la estructura de poder que estuvo implantada en el Ayuntamiento de Estepona entre 2003 y la primera mitad de 2007, toda la actividad urbanística del municipio pasó a depender de la voluntad de Barrientos, Flores, Zamorano, Crespo, Reina y López, los seis investigados para los que se piden las mayores penas.
Asimismo, se reclama a los seis una responsabilidad civil de 28 millones de euros, cantidad en la que se estima el perjuicio sufrido por el Ayuntamiento de Estepona.
El Ministerio Público señala que los seis asumieron conjuntamente la responsabilidad de supeditar cualquier proyecto de conversión de suelos rústicos en urbanizables o de modificación del planeamiento en general a la efectiva participación del municipio en no menos de un tercio de las plusvalías generadas.
Fue en esas circunstancias, según el fiscal, en las que adoptaron medidas arbitrarias tendentes a beneficiar a ciertos empresarios a costa del interés público, «buscando a cambio ventajas actuales o futuras para sus partidos o para ellos mismos». Asegura que también perjudicaron a promotores al condicionar la negociación o ejecución de ciertos convenios a la realización de pagos adicionales no revistos en los acuerdos que firmaban y destinados tanto a eventos o necesidades municipales como afines privados.
La mayoría de los pagos irregulares sirvieron para financiar «un gasto desproporcionado en conciertos, fiestas y espectáculos que eran organizados por la Delegación de Cultura y Fiestas» o desde una sociedad municipal.
En el documento, el fiscal hace referencia a 22 convenios de planeamiento y a 14 convenios de gestión y enajenación de aprovechamientos urbanísticos, así como a cuestiones relacionadas con disciplina urbanística, contratos y concesiones administrativas, comisiones por pago de deudas municipales y la supuesta financación irregular de partidos y el incremento patrimonial de algunos de los acusados.
El escrito también menciona la dilación habida en el procedimiento, que se inició el 29 de marzo de 2007, y que «por deficiencias estructurales de la Administración de Justicia» se ha alargado durante más de una década. El Ministerio Público reconoce que concurre en todos los acusados la circunstancia atenuante de dilación extraordinaria e indebida en la tramitación de la causa.
En el documento, el fiscal hace referencia a 22 convenios de planeamiento y a 14 convenios de gestión y enajenación de aprovechamientos urbanísticos
Así, entre esas pruebas se ha referido a un careo en sede judicial entre los peritos que han realizado las valoraciones de los convenios investigados y que hablan de un perjuicio económico para Ayuntamiento «y las valoraciones presentadas por nuestros peritos que defienden todo lo contrario, que dichos convenios fueron muy beneficiosos para el pueblo de Estepona».
En este sentido, ha indicado que «solo han permitido un careo y consecuencia de ello un convenio que era lesivo para el Ayuntamiento en mas de tres millones de euros pasó a ser un buen convenio para el Consistorio». El exregidor ha recordado que todavía «no se ha celebrado juicio», apelando a que «se respete la presunción de inocencia».
«Estoy convencido de que no defraudaré a todos los que me conocen y han confiado y que algunos se tendrán que lavar la boca con lejía para quitarse todas las indecencias que han manifestado«, ha dicho.
Así, ha lamentado que «no se respete un pilar básico de un Estado democrático y de derecho, la presunción de inocencia», apuntando que ha leído «autenticas barbaridades y juicios de valor, entre ellos de 60 personas que han sido desimputadas recientemente, como la inmensa mayoría de los que eran concejales del grupo socialista, que decían habían cometido todo tipo de tropelías, y cargos relevantes de urbanismo y familiares míos».
Barrientos ha considerado «lamentable que tras mas de once años del inicio del proceso, noviembre de 2006, declarara por primera vez cuando habían transcurrido más de diez años, en diciembre de 2016» e «indignante» la forma de enterarse del escrito de acusación del fiscal.
