El Tribunal Supremo delibera en medio de una división interna si la banca debe asumir el impuesto de las hipotecas

El TS concluyó que no es el prestatario el sujeto pasivo de este impuesto, sino la entidad que presta el dinero.La banca no contempla la posiblidad de la retroactividad, ya que «las entidades actuaron de acuerdo a la ley»

El pleno de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo analiza la doctrina sobre el impuesto de las hipotecas en medio de una división interna. De los 31 magistrados que componen el pleno sólo se encuentran presentes 28, ya uno de ellos está de viaje, otro preside la Junta electoral Central y un tercero se ha abstenido por razones personales.

Las mismas fuentes han explicado que el pleno podría prolongarse todo el día, e incluso su resultado podría conocerse mañana.

El objeto de la reunión es revisar, matizar y analizar las consecuencias y el alcance de la sentencia del 18 de octubre que determinó que es la banca y no los clientes quien debe pagar este impuesto. Es decir, si efectivamente han de ser las entidades las que paguen el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, y desde cuándo.

Los consejeros delegados de los bancos y la patronal bancaria coinciden en que no se contempla la posiblidad de la retroactividad, ya que «las entidades actuaron de acuerdo a la ley» y es «cuestión de seguridad jurídica.

Algunos juristas opinan incluso que al tratarse de una sentencia de «nulidad absoluta de pleno derecho» por la abusividad, su acción no prescribe, tal y como indica a EP el director del bufete Arriaga Asociados, Jesús María Ruiz de Arriaga.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) inicia nuevas movilizaciones en toda España para que la banca pague «por todas las cláusulas abusivas frente a los intentos de blanquearlas» y se han concentrado en Madrid frente al Tribunal Supremo.

La PAH denuncia que «en lugar de hacer justicia planteándose lo terrible de 700.000 desahucios ejecutados a través de un procedimiento abusivo por no haber transpuesto la directiva europea de protección al consumidor, los poderes del Estado sólo se estén revolviendo por la repercusión en la cuenta de beneficios de la banca«. La PAH asegura que el Estado está «presionando al Tribunal Supremo para que blanquee el alcance de la sentencia, que como cláusula viciada de origen debe ser retroactiva total».

Posibles escenarios

Por lo tanto, se plantean diversos escenarios. Por un lado, el TS podría tomar una decisión contradictoria y revocar la jurisprudencia del 18 de octubre por la que se determinó que no es el prestatario el sujeto pasivo del impuesto en las escrituras y no aplicarlo a la doctrina.

Este primer supuesto daría la razón a los bancos e impediría cualquier tipo de reclamación ya que los clientes se seguirían haciendo cargo del impuesto de AJD, como hasta ahora.

En el lado contrario, los integrantes de la Sala Contencioso-Adminstrativa podrían mantener la última sentencia y aplicar la doctrina del Tribunal Supremo de que sean los bancos y no los clientes quienes se hagan cargo del pago del impuesto en la inscripción de las escrituras.

En este sentido, se satisfacerían las reclamaciones de la patronal bancaria que ha argumentado que en el caso de que la nueva sentencia anule la norma vigente hasta la fecha, se respete la seguridad jurídica y no se aplique retroactividad.

En caso de que no hubiera retroactividad, los bancos deberían hacerse cargo del impuesto AJD a partir de la fecha de la sentencia, por lo que aquellos que formalizaran sus escrituras antes del 18 de octubre de 2018 no podrían reclamar la devolución.

Retroactividad limitada a cuatro años

Sin embargo, se baraja la opción de que el Supremo apueste por una retroactividad limitada, solo aquellos que pagaron el impuesto desde octubre de 2014 -en torno a 1,5 millones de contribuyentes según Gestha- podrían reclamar su devolución a la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma.

En este supuesto, al tratarse de un pago indebido y al no haber prescrito, las comunidades autónomas devolverían automáticamente el importe pagado, y lo harían sin coste para sus arcas, ya que lo cargarían directamente a los bancos. En este caso, el coste para los bancos podría ascender a unos 3.631 millones de euros, a lo que habría que añadir los intereses de demora, según Gestha.

En tercer lugar, el peor escenario para la banca sería la ratificación de que los bancos deben pagar el impuesto sin límite de retroactividad. Esto sería un duro golpe para el sector financiero, ya que permitiría reclamar a Hacienda a aquellos que firmaron en los últimos cuatro años y daría la opción al resto de acudir a los tribunales para reclamárselo a los bancos sin plazo, mediante la acción de nulidad.

En este escenario, al menos los ocho millones de españoles que tienen una hipoteca activa en la actualidad podrían reclamar a los bancos estos costes y pleitar por su devolución en los juzgados especializados. Sin embargo, lo habitual es que solo reclamen entre «un 10% y un 20% de los afectados», según la Asociación de Usuarios Financieros, Asufin.

Una última opción sería que el conflicto se alargue ante la discrepancia de la Sala Civil y Contenciosa, por lo que el asunto acabaría en la Sala de Conflictos de Jurisdicción o llegaría incluso al Tribunal de Justicia europeo.

(Habrá Ampliación con la última decisión)