La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Estepona, Emma Molina, ha presentado una demanda contencioso-administrativa contra el Consistorio tras denunciar retrasos y la entrega “incompleta” de documentación relacionada con la concesión del Mirador del Carmen, un expediente que actualmente se encuentra bajo investigación judicial.
La acción judicial ha sido interpuesta mediante el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales, después de que el PSOE considere que el Ayuntamiento ha vulnerado el derecho de acceso a la información de los concejales de la oposición, dificultando así sus labores de control y fiscalización.
Según ha explicado el grupo socialista, la solicitud de documentación fue registrada el pasado 24 de enero de 2026 e incluía el expediente íntegro de adjudicación de la concesión demanial del Mirador del Carmen, además de informes técnicos y jurídicos, documentación económica, licencias urbanísticas, inspecciones realizadas, mecanismos de supervisión del contrato y la composición de la mesa de contratación.
Desde el PSOE sostienen que el Ayuntamiento no respondió dentro del plazo legal de cinco días naturales previsto para este tipo de peticiones formuladas por concejales en el ejercicio de sus funciones públicas. La formación asegura que, tras producirse el denominado silencio administrativo positivo, el Consistorio continuó facilitando información “de manera parcial, extemporánea e incompleta”, pese a las reclamaciones posteriores realizadas por la oposición.
Emma Molina ha señalado que la situación “no responde a un mero retraso administrativo”, sino que supone, a su juicio, “un obstáculo para ejercer plenamente la función de control que corresponde legalmente a los representantes de la oposición”.
La portavoz socialista considera especialmente grave que estas dificultades para acceder a la documentación se produzcan mientras la concesión del Mirador del Carmen está siendo investigada por un juzgado de instrucción en el marco de unas diligencias penales relacionadas con presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
En la demanda presentada ante los tribunales, el PSOE sostiene que la actuación municipal podría vulnerar el artículo 23 de la Constitución Española, que reconoce el derecho fundamental de participación política y garantiza el acceso de los cargos públicos a la información necesaria para desarrollar sus funciones en condiciones adecuadas.
Los socialistas de Estepona han advertido además de que continuarán utilizando “todos los mecanismos institucionales y judiciales necesarios” para obtener el acceso completo a la documentación y esclarecer las posibles responsabilidades derivadas de la gestión de esta concesión pública.