El fín de los cables en las fachadas ni colgados en el aire: El Congreso ultima su final

 La ley de telecomunicaciones, que podría ver la luz en un par de semanas, minimizará el efecto de las marañas de cableado

Las protestas por el indiscriminado acopio de cables en las fachadas de las viviendas o colgados del aire, en los cascos históricos de las ciudades o en los pueblos más bonitos de España, han ido en aumento durante los últimos años y el Gobierno y el Congreso han tomado nota.

La nueva ley de telecomunicaciones, cuya aprobación en la Cámara está prevista para finales de mes, incluye un artículo destinado a atajar estos nudos gordísimos de cables y sus densas canalizaciones.

Pese a ello, los grupos parlamentarios han acordado una enmienda para reforzar el propósito. Fuentes parlamentarias presentes en la negociación de los retoques finales de la norma informan que la redacción final del artículo mencionado, el 49.8, incorporará diez palabras que son esenciales para precipitar la muerte de las marañas de cables en las paredes exteriores de los edificios o que se cruzan de lado a lado de las calles de los cascos históricos de ciudades como Córdoba o Granada, por poner dos ejemplos, aunque hay muchos más. Esas diez palabras son: «(…) debiendo adoptar las medidas oportunas para minimizar el impacto visual«.

El proyecto de ley de telecomunicaciones aterrizó en el Congreso en noviembre del año pasado. Se quedó un tiempo en la nevera porque los grupos, ya por entonces, soportaban una carga de trabajo extenuante. Además, se estaban tramitando los presupuestos generales del Estado, lo que en las Cortes Generales suele paralizar el resto de la actividad legislativa.

No obstante, a diferencia de las normas que semana tras semana se van convirtiendo en un vago recuerdo, pues se les acumulan 20 y hasta 30 prórrogas del plazo de enmiendas, la ley de telecomunicaciones cogió velocidad de crucero enseguida. Sufrió tan solo tres aplazamientos semanales. Se trata de un proyecto que conviene atender con esmero porque de cómo quede la redacción definitiva dependen los objetivos comerciales de empresas llamadas Telefónica, Orange o Vodafone. Casi nada.

Los grupos intuyen pronto, en cuanto reciben la notificación de la calificación de un nuevo proyecto, qué normas serán preferentes y cuáles no. Hay sorpresas, claro. Pero con la de telecomunicaciones coligieron que habría que trabajar y decidir con celeridad. El Gobierno transmitió que no cabrían dilaciones en la ley y los responsables de las formaciones políticas presentes en el Congreso se aprestaron con las enmiendas, que pidieron dejar escritas con rapidez. El 29 de diciembre de 2021, la Mesa comunicó el inicio de la tramitación y los grupos registraron sus propuestas de modificación unos días después, como plasmó el Boletín Oficial de las Cortes.

No fue fácil porque la de telecomunicaciones es una ley muy técnica y gigantesca, de más de 100 artículos, más de 20 disposiciones adicionales, casi una decena de disposiciones finales y una serie de anexos, por si todo el entramado normativo anterior hubiera sabido a poco.

La Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital se puso manos a la obra y creó la ponencia. 15 diputados se encargaron de estudiar pormenorizadamente el vasto texto y las más de 200 enmiendas presentadas. Sí, 200. Cuentan las fuentes parlamentarias consultadas que esa tarea titánica previa ha servido para que las sesiones de la ponencia hayan ido como un cohete. No sólo ha funcionado el diálogo parlamentario, sino también el intercambio de pareceres con representantes de las imponentes compañías de telecomunicaciones. Existen los lobbys en los aledaños del Congreso, sin duda. No es ilegal. Es generalmente productivo.