Los cinco grupos de la Cámara han apoyado esta ley que sitúa Andalucía a la vanguardia de los derechos del colectivo LGTBI y sus familias.
El texto conjunto, que sustituye propuestas anteriores promovidas de forma independiente por estos grupos, establece la creación del Consejo Andaluz de Participación del colectivo LGTBI, órgano de consulta, asesoramiento, representación y participación que se encargará, entre otras funciones, de evaluar el desarrollo de las políticas en la materia y de elaborar un informe anual.
También incluye un régimen sancionador para prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación y reparar a las víctimas. Se distingue entre infracciones leves, graves y muy graves, con multas de hasta 120.000 euros y que irán acompañadas de la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública.
En el ámbito sanitario se incorporan los derechos de los menores transexuales ya recogidos en el Proceso Asistencial Integrado que Salud desarrolla desde enero.
Respecto a los menores intersexuales, el sistema sanitario público velará para que las prácticas de modificación genital en recién nacidos no atiendan únicamente a criterios quirúrgicos.
En cuanto a la inserción social, la ley establece medidas dirigidas a víctimas de violencia y a personas en situación o riesgo de vulnerabilidad y exclusión social, además de otras específicas de apoyo y mediación a menores y jóvenes.
En el ámbito laboral, la principal novedad es la incorporación de criterios de igualdad de oportunidades en las convocatorias de ayudas y subvenciones de fomento del empleo.
La portavoz del PSOE, Soledad Pérez, que ha sentenciado que su partido es «el único que ha hecho historia en defensa de los derechos humanos y del colectivo LGTBI», ha defendido que no sólo hay que ser «tolerantes», sino «activistas de la diversidad». Ha subrayado que «ninguna tradición religiosa prevalece sobre los derechos humanos», y ha incidido en que «discriminar no va a salir gratis» porque tiene un régimen sancionador, tras lo que ha asegurado: «No vamos a parar hasta conseguir una ley LGTBI para toda España».
El portavoz de Podemos, Jesús Romero, que ha colgado de la tribuna de oradores sendas banderas de los colectivos representados en esta ley, se ha congratulado del «consenso» logrado y ha dicho que ello demuestra que la participación de la sociedad civil es «fundamental», especialmente cuando se trata de los derechos de las personas.
No obstante, ha advertido de que con la aprobación de esta norma no se ha alcanzado la «cima», sino que supone un nuevo reto para la administración, para el Parlamento y para toda la sociedad.
«Hoy es un día de alegría, ésta es la ley de los colectivos LGTBI que han trabajado sin descanso para conseguir una de las normas más avanzadas«, ha subrayado.
El líder de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha subrayado que esta ley va a dejar de «permitir la discriminación», de forma que «se acaba la impunidad» en este ámbito. El dirigente de la federación de izquierdas ha apelado a una «complicidad» desde lo cotidiano, de modo que se impliquen en la aplicación de esta norma los empleados públicos, los educadores, los profesionales sanitarios, los trabajadores sociales.
«Pero también tiene que haber complicidad en el ámbito familiar y de amistad porque esta ley se cumplirá si hay complicidad«, ha recalcado Maíllo, que ha apelado al Parlamento a que eleve al Congreso la petición de una norma básica estatal. La portavoz del PP, Esperanza Oña, ha dicho que hoy es un día «trascendente», aunque ha pedido al Gobierno andaluz que no sea una ley «de pose, de gesto político» para satisfacer a unos colectivos, sino que sea una norma «de compromiso firme».
