19 condenados y 2 absueltos en la sentencia por las prejubilaciones fraudulentas en Andalucía
La Audiencia de Sevilla ha condenado al expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán a 6 años de cárcel por un delito de malversación y a 15 años de inhabilitación por otro de prevaricación por el ‘caso de los ERE, y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación.
El exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías -mano derecha en el gobierno andaluz de Chaves- y la exconsejera de Economía y Hacienda y exministra Magdalena Álvarez también han sido condenados a 9 años de inhabilitación por prevaricación dentro del mismo caso, que mantiene más de un centenar de piezas abiertas.
Entre los condenados por un delito de malversación de fondos públicos se encuentran el exdirector general de Empleo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero (8 años de prisión), el exconsejero de Innovación y expresidente de IFA-IDEA Francisco Vallejo (8 años), el exconsejero de Empleo José Antonio Viera (7 años) y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández (7 años).
El juicio contra 21 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía comenzó el 13 de diciembre de 2017 y quedó visto para sentencia un año y cuatro días después, tras 152 sesiones en las que el tribunal oyó a los 21 acusados y a más de 120 testigos.
La sentencia de la ‘pieza política’ -la primera de las 146 en curso dentro de la macrocausa– se ha dado a conocer un año después de que terminara el juicio , en el que ejercieron de acusación popular el PP y Manos Limpias. Podrá ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, primero, y luego ante el Tribunal Supremo.
El ‘caso de los ERE’ fue dividido en tres partes hace cuatro años: la llamada “pieza política”, a la que alude la sentencia de este martes; la pieza sobre las sobrecomisiones cobradas presuntamente por los mediadores de los expedientes de regulación de empleo; y un tercer bloque con más de un centenar de piezas por cada una de las ayudas sociolaborales concedidas a las empresas.
Griñán ha sido condenado a la pena más alta por ostentar durante los hechos el cargo de consejero de Economía y Hacienda en la Junta de Andalucía entre los años 2004 y 2009 mientras Chaves, presidente de la Junta, no ha sido implicado en la malversación.
La sentencia, que no es firme -será el Tribunal Supremo el último en pronunciarse-, incide en que Chaves conoció la existencia de las ayudas irregulares e empresas y no puso remedio mientras que Griñán además era conocedor de los informes de denuncia que Intervención General de la Junta publicó contra esas subvenciones y permitió que se perpetuaran en el tiempo.
La Audiencia Provincial de Sevilla ha impuesto penas de prisión también contra el exconsejero de empleo José Antonio Viera (siete años y un día de cárcel y 18 de inhabilitación) y el Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y Seguridad Social (siete años y 11 meses de cárcel e inhabilitación de 19,5 años).
Guerrero fue precisamente quien dio pie a la investigación tras indicar en 2010 durante una declaración ante la Policía sobre posibles irregularidades en un expediente de regulación de empleo de Mercasevilla que la partida 31L del Presupuesto de la Junta era el famoso «fondo de reptiles para la crisis», desencadenando una investigación de casi 9 años.
Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez han sido condenados a nueve años de inhabilitación también por el delito de prevaricación. Sus papeles fueron el de exconsejero de la Presidencia y consejera de la cartera que más tarde recaería en Griñán respectivamente.
Todos los condenados
Entre el resto de ex altos cargos condenados, las condenas quedan así: Carmen Martínez Aguayo, seis años y dos días de prisión e inhabilitación de 15 años y dos días (era exconsejera y exviceconsejera de Economía y Hacienda); siete años y un día de prisión y 18 años de inhabilitación para Agustín Barberá (exviceconsejero de Empleo); siete años y un día de prisión e inhabilitación de 18 años y un día para Francisco Vallejo (exconsejero de Innovación); Antonio Fernández, siete años y 11 meses de prisión e inhabilitación de 19 años, seis meses y un día (exconsejero de Empleo).
