La concejala de Bienestar Social e Igualdad, Zoila Martín, ha informado este viernes de que estas ayudas van dirigidas a favorecer a los ciudadanos «más vulnerables», los cuales podrán percibir ayudas que oscilan entre los 419,52 y los 779,87 euros mensuales y descuentos que van desde un 25 a un 40 por ciento en la factura de la luz.
Las familias del municipio malagueño de Vélez-Málaga podrán solicitar nuevas ayudas a través de dos medidas aprobadas por la Junta de Andalucía: la renta mínima de inserción y el bono social eléctrico.
Así, la edil ha resaltado que se trata de un «gran avance social» que además está considerado un decreto con rango de ley por lo que se convierte en un derecho en favor de las personas más necesitadas.
«Es una importante medida, que parte de Andalucía, de la que debería tomar buena nota el Gobierno central para aplicarla en el resto de comunidades«, ha señalado Martín. La Renta Mínima de Inserción en Andalucía va destinada a las personas que ingresen menos de 415,35 euros mensuales, por lo que aproximadamente unas 45.000 familias, unas 120.000 personas, se beneficiarán de esta ayuda cada año. «Tendrán prioridad las familias con menores a su cargo, las monomarentales y monoparentales, las mujeres víctimas de la violencia de género y las personas con discapacidad«, ha detallado.
Además del requisito de ingreso mínimo mensual, la unidad familiar debe estar empadronada en algún municipio andaluz desde hace al menos un año y el solicitante debe tener entre 25 y 64 años y debe estar inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como demandante.
También existen algunas excepciones en los requisitos cuando se trata de víctimas de violencia machista o trata de personas, y emigrantes andaluces retornados en el año anterior a la solicitud de ayuda.
Las personas entre 18 y 24 años se podrán beneficiar de la medida «si tienen a su cargo menores o personas con discapacidad«, ha indicado. Así, se sustituye la referencia del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por el indicador público de rentas de efectos múltiples (Iprem) para el establecimiento de la cuantía lo que hace que la cuantía a percibir sea ligeramente superior.
De este modo, será el 78 por ciento del Iprem vigente en la fecha de resolución y se incrementará un diez por ciento por cada integrante en la unidad familiar, hasta un máximo del 125 por ciento.
Cuando la unidad familiar esté formada por seis o más personas, de las cuales por lo menos tres sean menores, se podrá llegar a un máximo del 145 por ciento del Iprem.
«De manera que la ayuda oscilará entre los 419,52 y 779,87 euros por familia«, ha indicado. La renta mínima se concederá por un periodo de 12 meses, prorrogable a otros seis en determinados casos, y siempre que las circunstancias que motivaron su solicitud persistan.
La percepción de este dinero podrá suspenderse temporalmente en el supuesto de que el beneficiario suscriba un contrato de trabajo con una duración de entre uno y seis meses.
Estas ayudas se pueden solicitar a través de los Servicios Sociales Comunitarios o en la sede electrónica de la Junta de Andalucía.
Por otro lado, la edil de Servicios Sociales también ha anunciado un Real Decreto que regula la aplicación del bono social de electricidad, basado en criterios de renta, y que «supondrá descuentos de hasta el 40 por ciento en la factura de la luz para los consumidores más vulnerables«.
Así, ha explicado que para acceder a esta ayuda es necesario acudir a la comercializadora para solicitar adherirse al bono y, posteriormente, es necesario acudir a Servicios Sociales donde se emitirá un certificado de vulnerabilidad, ya que «estas ayudas van destinadas solo a familias en riesgo de exclusión social y sin ingresos».
En concreto, el descuento en la factura eléctrica será del 25 por ciento para los considerados consumidores vulnerables, que serán los hogares formados por pensionistas con pensiones mínimas, todas las familias numerosas y aquellos hogares con una renta anual de la unidad familiar que sea inferior a unos determinados umbrales; unos 11.000 euros anuales para el caso de una persona sola y unos 19.000 euros anuales para una unidad familiar con dos menores.
«El umbral se incrementará para el caso de personas con discapacidad, para víctimas de violencia de género o de terrorismo«, ha detallado.
Además, el descuento se ampliará hasta el 40 por ciento para los consumidores considerados vulnerables severos, que «serán aquellos cuya renta familiar sea inferior a la mitad de los umbrales establecidos para los vulnerables», ha añadido.
El real decreto establece también una tercera categoría de consumidores en riesgo de exclusión social que, además de tener rentas por debajo del umbral fijado para los severos, son atendidos por los servicios sociales de su comunidad autónoma, la cual les paga al menos el 50 por ciento del importe de su factura.
«A estas personas, por ejemplo, no se les podrá cortar la luz en caso de impago«, ha informado. Además, la nueva normativa recoge una serie de medidas para reforzar la protección al consumidor, entre las que está la ampliación de dos a cuatro meses del plazo para cortar el suministro, una vez se produce el impago.
Por último, la edil ha informado que, además de estas ayudas comunitarias, «contamos en la localidad con las ayudas de emergencia, el Peca y otras medidas específicas que el Ayuntamiento pone en marcha para el municipio«, ha concluido.
