La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación gestiona esta prestación, de la que ha resuelto 8.364 expedientes en toda la provincia.
La Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (RMISA) que gestiona la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, benefició a 12.437 personas en la provincia de Málaga durante el año 2020, lo que supone un incremento del 15,43 por ciento; y 1.663 personas más que el año anterior.
Además, el pasado año el número de personas menores de edad atendidas se incrementó en un 28,89%. Y es que uno de los objetivos es la lucha contra la pobreza infantil. Todo ello ha supuesto la resolución, durante 2020, de 8.364 expedientes entre solicitudes iniciales y de ampliación. De ellos, 5.890 han sido concesiones de prestaciones, lo que supone un incremento del 58,93 por ciento.
La Renta Mínima andaluza ha supuesto, según el Gobierno andaluz, “una fuente de ingresos indispensable para las familias vulnerables y en riesgo de exclusión en un año marcado inevitablemente por la pandemia de COVID-19″. A la modificación del Decreto-Ley, el refuerzo en la gestión y el plan de choque previsto por la renta mínima Consejería de Igualdad; surgió la necesidad de promover medidas para poder agilizar el acceso a la prestación a las familias más necesitadas.
Así, el Decreto-Ley 6/2020 de 30 marzo recogió medidas extraordinarias para la concesión provisional de prestaciones. Con el objetivo de hacer llegar esta ayuda al mayor número de familias posible; descargando la gestión de los expedientes para aumentar la capacidad de resolución mediante solicitudes de urgencia y emergencia social y solicitudes de ampliación y expedientes de alta que llegaran a fin de prestación durante el estado de alarma.
Posteriormente, el Decreto-Ley 10/2020 estableció la concesión de una prestación extraordinaria de cinco meses de duración para las solicitudes de una nueva modalidad de situación de emergencia social para unidades familiares con menores a cargo o unipersonales. Así como el incremento hasta los 12 meses de la duración de la ampliación o la simplificación de los consentimientos en la solicitud lanzada para la renta mínima de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
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