La jueza investiga un posible caso de tráfico de influencias tras detectar irregularidades en la concesión y en el impago del canon del establecimiento
El alcalde de Estepona, José María García Urbano, deberá declarar como investigado por su presunta implicación en la adjudicación de un local municipal en la Torre del Mirador del Carmen a una empresa vinculada a su entorno familiar. La causa, que apunta a posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa, también salpica a varios responsables municipales implicados en el proceso.
La titular del juzgado de instrucción número 4 de Estepona, Blanca Galán Sánchez, ha citado al regidor para el próximo 25 de mayo, apenas dos semanas después de las elecciones andaluzas. Junto a él deberán comparecer dos técnicos municipales y la concejala de Fomento, Ana Velasco Garrido, quienes participaron en la tramitación del expediente y también figuran como investigados.
La investigación se centra en la adjudicación de un espacio destinado a restauración dentro del complejo cultural Mirador del Carmen, una instalación emblemática de la ciudad. El contrato fue otorgado en noviembre de 2022 a una sociedad creada específicamente para concurrir al proceso por la pareja sentimental del hijo del alcalde. A la convocatoria, promovida en enero de 2023 con el objetivo de impulsar un proyecto turístico de calidad, solo se presentaron dos empresas.
Además de las dudas sobre la imparcialidad del procedimiento, la causa pone el foco en el hecho de que el negocio adjudicatario no habría abonado el canon correspondiente, mientras que el establecimiento, distribuido en tres plantas, carecería aún de licencia de apertura.
Las pesquisas judiciales se iniciaron tras la creciente polémica pública generada a comienzos de 2025, cuando surgieron sospechas sobre posibles vínculos entre los adjudicatarios y el entorno del alcalde. En el marco de estas diligencias, el 18 de mayo también está prevista la declaración como testigo de un subinspector del Policía Nacional que participó en la investigación.
El caso añade presión política y judicial sobre el equipo de gobierno local, a la espera de que las declaraciones de los investigados arrojen luz sobre un proceso que ha despertado una notable alarma social en el municipio.