Las viviendas de alquiler social vuelven a ser una prioridad, como cada año desde 2011, donde Fomento pide a 55 municipios de la provincia de Málaga, todos ellos con viviendas sociales de la Junta de Andalucía en sus términos municipales, que apliquen una bonificación de hasta el 95% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las familias residentes en el parque público autonómico en alquiler.
Esta medida, que viene solicitando cada año la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) antes de que los ayuntamientos aprueben sus presupuestos para el siguiente ejercicio, tiene un marcado carácter social, ya que cuando se adopta, redunda directamente en beneficio de los moradores de estas viviendas (familias con ingresos limitados y escasos recursos que, precisamente por esa razón, son las adjudicatarias de dichos inmuebles).
Si no existe esta bonificación, la AVRA, en cumplimiento de la normativa reguladora, debe repercutir dicho impuesto a las familias adjudicatarias de sus viviendas, después de que lo liquide la propia agencia cuando los ayuntamientos se lo reclaman.
La solicitud de bonificación del IBI, que se viene planteando desde 2011 a los municipios de Andalucía en los que la Agencia tiene parque de vivienda, se fundamenta en el artículo 74 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, según el cual los ayuntamientos podrán regular, mediante ordenanza, una bonificación de hasta el 95% de la cuota íntegra del IBI a favor de inmuebles en los que concurran circunstancias sociales.
El carácter social del parque residencial de la Junta motiva tal petición, que en la provincia de Málaga se atendió, hasta ahora en los municipios de Alameda, Antequera, Benalmádena, Casabermeja, Ronda y Sayalonga,
Los restantes ayuntamientos no respondieron a los escritos que año a año se remiten desde AVRA, en los que se solicita a los plenos municipales que declaren que la actividad de alquiler social que desarrolla la agencia con las viviendas de su parque público tiene especial interés municipal.
En los escritos que se remitieron a los ayuntamientos se advierte de que dicha bonificación tendría un beneficio directo sobre los arrendatarios, a quienes la agencia tiene la obligación de repercutir dicho impuesto, en aplicación del artículo 63.2 del Texto Refundido de la LRHL.
Al mismo tiempo, permitiría a AVRA más capacidad económica para el mantenimiento y conservación del parque de vivienda en gestión, al poder disponer de esas cuantías que ahora pierde desde que se abona la factura hasta que se le cobra a los residentes.
El parque residencial en alquiler social que gestiona AVRA en la provincia de Málaga suma un total de 5.841 viviendas. De ellas, 3.069 se localizan en la capital, mientras que el resto se reparte por otros 54 municipios, destacando por volumen Ronda con 319 viviendas, Vélez Málaga con 304 y Marbella con 225 viviendas en arrendamiento.
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