Carlos Fernández, exconcejal del Ayuntamiento de Marbella y uno de los acusados en el conocido caso Malaya, ha sido detenido este martes en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, tras permanecer fugado casi dos décadas. Fernández ha sido puesto a disposición de la Audiencia Nacional, según han confirmado fuentes jurídicas.
El exedil, de 64 años, se encontraba en busca y captura desde 2006, cuando escapó al iniciarse la segunda fase de la Operación Malaya, el gran caso de corrupción urbanística que sacudió al Ayuntamiento de Marbella y marcó un antes y un después en la política municipal española.
Durante años, Fernández residió en Argentina, país que rechazó su extradición a España en 2022, después de que la Corte Suprema de Justicia considerara que los delitos de los que se le acusaba habían prescrito. El tribunal argentino revocó así la decisión de un juez federal de la provincia de San Juan, que previamente había dado luz verde a su entrega a las autoridades españolas.
En diciembre de 2017, Fernández fue puesto en libertad bajo fianza de 300.000 pesos argentinos (unos 14.000 euros de la época) tras pasar más de tres meses en la prisión provincial de Chimbas, en San Juan. Su liberación quedó sujeta a condiciones: debía presentarse cada quince días ante el juzgado, no podía salir de la provincia sin autorización y tenía prohibido abandonar el país.
Fernández había huido en 2006, asegurando por teléfono que se encontraba en Galicia haciendo el Camino de Santiago y que regresaría en cuanto fuese necesario. Sin embargo, esa fue la última vez que se tuvo noticia de él; su teléfono móvil dejó de estar operativo poco después.
El exconcejal fue una figura destacada en la política marbellí durante los años del mandato de Jesús Gil. Inicialmente concejal de Deportes por el Grupo Independiente Liberal, pasó luego al Partido Andalucista (PA), con el que en 2003 apoyó la moción de censura que desbancó a Julián Muñoz. Posteriormente, formó parte del gobierno de Marisol Yagüe como teniente de alcalde y concejal de Turismo, hasta que fue expulsado por la propia alcaldesa tras denuncias relacionadas con la gestión económica de sus áreas.
Fernández llegó a dimitir de la secretaría local del PA al conocerse su condena a dos años de prisión por malversación de fondos públicos. Su nombre volvió a resonar en los últimos años por los intentos frustrados de su extradición, que mantenían abierta una de las páginas más largas del caso Malaya.
Con su detención en Madrid, culmina una huida de casi veinte años y se reabre el debate sobre la prescripción de los delitos y la eficacia de la cooperación internacional en casos de corrupción.