El montante defraudado por esta organización a la Seguridad Social asciende a más de un millón de euros.
La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Málaga a 178 personas al desmantelar un entramado de empresas ficticias que simulaban contratos de trabajo para acceder a prestaciones de la Seguridad Social, préstamos bancarios o para alcanzar el tercer grado penitenciario.
El montante defraudado por esta organización a la Seguridad Social asciende a más de un millón de euros, según ha informado este sábado la Policía, que ha llevado a cabo esta operación en colaboración con la Subdelegación del Gobierno, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo.
La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, se inició a finales de 2019, cuando se detectó un contrato de trabajo falso durante la tramitación de un permiso de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena a una mujer de nacionalidad rusa.
En esa fase inicial se registró un domicilio en Málaga en el que se intervino numerosa documentación y soporte informático que han permitido desgranar un entramado societario dedicado a defraudar a la Seguridad Social.
Los investigadores averiguaron que la organización había creado una red de empresas ficticias para simular contratos de trabajo con los que poder acceder a prestaciones y subsidios, que los responsables de la trama -dos hombres de nacionalidad española con vínculos familiares-, ofrecían en barrios de Málaga a cambio de entre 400 y 3.000 euros.
En los contratos laborales se hacía constar una cláusula donde se especificaba que el trabajo se realizaría para grandes cadenas comerciales, lo que también era falso.
Las pesquisas policiales apuntan a que los responsables de la trama supuestamente se valieron de distintos testaferros para no levantar sospechas y a que utilizaron distintas gestorías para constituir sociedades mercantiles.
Así, una vez dados de alta en régimen de autónomos y simulando, además, una actividad comercial que no existía, inscribían en la Seguridad Social a todas aquellas personas que, previo pago, estarían interesadas en ser dadas de alta.
De esta forma podrían acceder después al cobro de prestaciones por desempleo o subsidio o cualquier otra ayuda social, obtener beneficios penitenciarios, regularizar su situación administrativa en caso de extranjeros, o utilizar el contrato para obtener préstamos personales o adquirir productos mediante financiación o pago a plazos.
Según la Policía, las empresas creadas sirvieron de pantalla para la tramitación irregular de hasta ochenta prestaciones por desempleo por un valor total de 413.792 euros y la inscripción fraudulenta de 178 altas en la Seguridad Social, lo que ha ocasionado un perjuicio económico al erario público de más de 700.000 euros.
A todos investigados se les imputa delitos de fraude a la Seguridad Social, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
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