España rechaza enérgicamente el anuncio del Gobierno de Estados Unidos de aplicar a partir del 18 de octubre aumentos arancelarios sobre productos europeos, que afectan de manera particular a nuestros agricultores
El Gobierno de España ha defendido a lo largo del último año soluciones acordadas, equilibradas y satisfactorias para ambas partes en este caso. En unos meses se conocerá la decisión del panel paralelo de la UE en la OMC contra Boeing y la UE estará en condiciones de aplicar subidas arancelarias a productos estadounidenses por los incumplimientos reiterados de las reglas de la OMC. En esta situación, y existiendo dos paneles «cruzados», el gobierno reitera la voluntad de negociar entre EE.UU. y la UE para llegar a un acuerdo que evite la imposición de medidas perjudiciales para ambas partes. Los conflictos comerciales, además de ser cortoplacistas, no benefician a nadie y perjudican tanto a productores como a consumidores.
Los aranceles anunciados se suman a una lista de medidas adoptadas por la administración norteamericana en el último año contra intereses españoles y europeos, como los aranceles al acero y aluminio, la reactivación de la Ley Helms-Burton contraviniendo el derecho internacional o la imposición de aranceles a las aceitunas negras españolas.
En este contexto, el gobierno confía en que en las próximas semanas la administración norteamericana entienda que un acuerdo es necesario para evitar dañar el espíritu de colaboración y entendimiento que caracteriza las relaciones bilaterales en todos los ámbitos.
Sin embargo, si la Administración estadounidense rechaza la voluntad de diálogo ofrecida por España y por la Unión Europea, el gobierno español reaccionará de forma inmediata con firmeza y claridad para defender los intereses de nuestros ciudadanos y empresas. Se activarán todas las medidas legales a su alcance, dentro del marco multilateral y en estrecha coordinación con la Comisión Europea y nuestros socios europeos.
El secretario de Estado para la Unión Europea ha convocado al Embajador de EE.UU. para transmitirle el rechazo frontal del Gobierno a estas medidas.
El miércoles de la semana que viene el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, viajará a Bruselas, acompañado de la Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Mendez, para debatir con la Comisión Europea las medidas necesarias y urgentes de respuesta.
En el ámbito comercial, de confirmarse los aranceles, el gobierno pedirá a la Comisión Europea la adopción de acciones inmediatas de respuesta frente a las subidas arancelarias sobre la base del caso DS108 referido a las subvenciones del Foreign Sales Corporations (FSC). En 2004 la OMC otorgó a la UE el derecho de imponer contramedidas por valor de más de cuatro mil millones de euros que nunca fueron aplicadas en toda su extensión. La UE ha conservado el derecho a restablecer la legislación necesaria para imponer contramedidas de manera inmediata en pleno cumplimiento de las normas de la OMC.
Además, el Gobierno va a solicitar a la Comisión Europea de manera inmediata lo siguiente:
• la movilización de recursos financieros comunitarios en el marco de la gestión de crisis para el sector agrícola, con el objeto de poder atender las medidas necesarias para mitigar los efectos que puedan tener los aranceles sobre el sector productor.
• la activación del mecanismo de ayuda para el almacenamiento privado de aceite de oliva. Con este mecanismo se da una ayuda por tener almacenado el aceite de oliva, cubriendo los costes financieros y de almacenamiento.
• la activación de medidas de promoción de la PAC en terceros países para los productos afectados.
Desde ICEX se reforzará la promoción internacional de los sectores afectados, tanto en el propio mercado de Estados Unidos, como en mercados alternativos de rápido crecimiento y alto potencial. En el caso de Estados Unidos, que es ya el mercado en que ICEX realiza mayor número de acciones de promoción relacionadas con alimentos, vinos y gastronomía, la promoción en ese mercado se centrará especialmente en segmentos de alto valor añadido, con el objetivo de paliar el impacto que tendrá el alza en los precios de estos productos sobre la demanda de los consumidores estadounidenses.
Carece de todo sentido que un conflicto sobre la financiación de la construcción de aeronaves civiles derive en una guerra comercial extendida al sector agroalimentario que no es buena para los ciudadanos, especialmente los europeos, y tampoco para los norteamericanos, pero que sobre todo es injusta para nuestros productores afectados de aceite de oliva, de aceituna, de vino, de porcino o de cítricos.
El Gobierno va a intensificar la respuesta y el apoyo a los productores y exportadores agrícolas y de aeronaves.