Ribera aseguró el día 10 de este mes de noviembre en Málaga que «estamos trabajando muy bien», así como que «espero que en los próximos días podamos presentarlo el presidente de la Junta y yo misma».
Un trabajo a dos bandas que arranca en la negativa del Estado a aceptar el contenido de la Proposición de Ley que PP y Vox tienen registrada en el Parlamento de Andalucía y que busca propiciar que terrenos que en ahora son de naturaleza forestal pasen a ser calificados como suelos agrícolas regables con aguas superficiales en los municipios que se sitúan al norte de la Corona Forestal de Doñana, que comprende los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.
Greenpeace celebra el acuerdo de Doñana
Greenpeace ha valorado que se haya llegado a un acuerdo sobre los regadíos de Doñana entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía ya que, a su juicio “entierra” definitivamente la proposición de ley regional impulsada por el PP que pretendía amnistiar a regantes ilegales en la corona norte de Doñana.
Tras la presentación del “Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural de Doñana”, la organización ecologista ha celebrado que, dados los problemas de agua que existen, y cada vez aumentarán en la zona, las medidas propuestas vayan encaminadas a la transformación de cultivos agrícolas en otros fines como la renaturalización y la reconversión en secano o en agricultura ecológica, ha informado en un comunicado.
También ha calificado positivamente que el marco de actuaciones se extienda a los catorce municipios del área de influencia del Espacio Natural de Doñana, porque contribuye a generar una solución integral en el territorio.
Sin embargo, Greenpeace ha observado “con preocupación” que aquellas explotaciones que han estado regando de forma ilegal durante años puedan beneficiarse de las ayudas para la diversificación agraria contempladas en el acuerdo.
De ser así, “se estaría premiando económicamente a aquellas personas que han estado incumpliendo la ley”.
Por otro lado, la organización ha precisado que este acuerdo no debería paralizar los procesos judiciales y administrativos ya abiertos hacia aquellas fincas que han estado incumpliendo la ley durante años.
Igualmente, ha apuntado que se deben reforzar los esfuerzos para perseguir el robo de agua, que por desgracia ha sido una práctica habitual durante todo este tiempo, acometiendo el cierre de todos los pozos ilegales que hay en la zona.