El sindicato CSIF ha registrado hoy una queja formal ante el Defensor del Pueblo Andaluz para que se investiguen los retrasos, las deficiencias de trazabilidad y falta de control detectados en el Programa de Cribado Neonatal de Enfermedades Endocrino-Metabólicas de Andalucía, en concreto en el laboratorio de referencia del Hospital Materno Infantil de Málaga, donde «han saltado las alarmas por el retraso en la recepción de muestras desde hace seis meses».
«A este centro se remiten las muestras procedentes de las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga. Y alrededor de 200 muestras de sangre de recién nacidos no habrían llegado a tiempo, algunas desde noviembre, cuando se registró una primera llamada de unos padres al centro hospitalario por la falta de resultados» explica Raquel Rodríguez, delegada sindical
«Pese a la gravedad de la situación. Se trata de una prueba de urgencia para la que la muestra debe llegar al laboratorio dentro de las primeras 72 horas tras la extracción, no se detectó el retraso de muestras hasta finales enero, cuando tras varias reclamaciones de progenitores se contabilizaron decenas de incidentes de seguridad relacionados con el cribado neonatal. Se desconoce el alcance real de la situación, aunque al menos desde noviembre del año pasado hay pruebas que están llegando con meses de retraso. Se trata de un fallo grave en el programa de cribados, que afecta a la seguridad del paciente, y que sólo ha sido posible conocer tras las reclamaciones de los padres, lo que evidencia un descontrol inadmisible, falta de supervisión y ausencia de mecanismos de seguridad adecuados por parte del SAS para gestionarlo» precisa.
El cribado neonatal persigue la detección precoz de enfermedades en recién nacidos, que se realiza desde los servicios de maternidad mediante la extracción de sangre capilar del talón del recién nacido entre las 36 y 48 horas de vida. Son análisis de urgencia, que deben realizarse en los primeros días para detectar enfermedades con gran impacto en la vida del niño, pero que están llegando con meses de retraso, recuerda.
«Hace tres semanas solicitamos información a la gerencia del centro sobre la situación, que ha generado una gran preocupación entre profesionales y progenitores.».
«Y ante la falta de respuesta por parte del centro, hemos trasladado la situación al Defensor del Pueblo Andaluz, para que investigue los hechos denunciados y se aporte transparencia sobre su alcance» apostilla.
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