magen cedida por los denunciantes sobre el estado de una de las aulas.
El The English International College (EIC), fundado en 1982 y considerado durante décadas uno de los centros más exclusivos de la Costa del Sol, se enfrenta a una serie de denuncias presentadas por un grupo de padres y antiguos empleados. El colectivo sostiene que el colegio habría incurrido en prácticas que podrían vulnerar normas sanitarias, fiscales y urbanísticas españolas.
Las familias, que han trasladado su documentación al Distrito Sanitario, la Agencia Tributaria, el Seprona y el área de Urbanismo de Marbella, aseguran haber recopilado pruebas en forma de grabaciones, fotografías, informes médicos y planos. Parte del material, según indican, también ha sido remitido a la Fiscalía y a la Junta de Andalucía.
El punto que mayor inquietud genera entre los denunciantes es el abastecimiento de agua del centro. Según sus testimonios, el colegio habría utilizado durante años agua procedente de un pozo cuya existencia y legalidad están aún bajo investigación. Esa agua habría servido tanto para llenar la piscina como para alimentar los grifos, sin garantías de filtrado ni controles oficiales.
Tras recibir la denuncia, el Seprona llevó a cabo una inspección conjunta con el Distrito Sanitario. De acuerdo con la documentación facilitada por los padres y una grabación del propio agente actuante, los funcionarios levantaron un acta en la que se recogían “irregularidades en los parámetros” del agua destinada al consumo y al uso recreativo. El expediente fue trasladado a la Junta de Andalucía para que determine si existe un posible ilícito por aprovechamiento de recursos sin autorización.
El informe, por el momento, no acredita la existencia ni el estatus legal del pozo, cuestión que sigue en estudio.
Una antigua enfermera del centro ha declarado que durante su etapa laboral observó episodios reiterados de irritaciones cutáneas, erupciones y problemas gastrointestinales entre los alumnos tras utilizar la piscina o beber agua del colegio. Según su testimonio escrito, notificó en varias ocasiones la situación a la dirección sin obtener respuesta.
El segundo bloque de denuncias se centra en los métodos de pago. Las familias sostienen que determinadas actividades y servicios solo podían abonarse en metálico, sin opción de transferencia o domiciliación. Entre los ejemplos citan las llamadas clases Lambda, una actividad extracurricular de oratoria con una cuota de unos 400 euros mensuales, y los campamentos de verano, en los que —según indican— se entregaban sobres con dinero incluso por importes superiores a los límites permitidos por la legislación vigente.
Estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Agencia Tributaria, que habría abierto una investigación para esclarecer el circuito de pagos y la posible existencia de ingresos no declarados. Una persona vinculada al centro, según los denunciantes, ya habría prestado declaración ante la administración fiscal.
“Resulta incomprensible que un colegio que cobra matrículas de hasta 20.000 euros exija pagos en metálico para servicios internos”, lamenta uno de los padres.
Las denuncias también incluyen presuntas irregularidades urbanísticas y problemas de mantenimiento. Los padres aseguran que algunas construcciones añadidas en el recinto no contarían con licencia, y que existen desperfectos graves como techos agrietados, paredes deterioradas y estructuras debilitadas.
Entre el material gráfico aportado aparecen imágenes de aulas con daños visibles. Un antiguo responsable de mantenimiento declaró que llegó a advertir a la dirección sobre el riesgo de ciertos techos, pero que la orden recibida habría sido “cubrir los desperfectos con plástico” en lugar de realizar reparaciones.
Tras la intervención municipal, Urbanismo habría emitido una orden de ejecución instando al centro a subsanar daños y regularizar la situación de las construcciones cuestionadas.
El EIC ha sido durante décadas uno de los centros escolares más reconocidos por el público internacional residente en Marbella. Sus matrículas anuales oscilan entre los 7.000 y los 20.000 euros, a las que se suman cuotas adicionales por actividades, uniformes, transporte y servicios complementarios. Entre su alumnado figuran hijos de empresarios, diplomáticos y figuras del deporte.
Los denunciantes sostienen que esa imagen de prestigio no coincide con la realidad que aseguran haber vivido: “Se presenta como un centro de élite, pero por dentro hay grietas, problemas sanitarios y pagos nada transparentes”, afirma un portavoz.
Los responsables del grupo denunciante insisten en que su objetivo es estrictamente garantizar la seguridad y el bienestar del alumnado. “No buscamos venganza. Buscamos transparencia, verdad y responsabilidad. Si pagas por una educación privada, lo mínimo es que el centro cumpla la ley”, resumen.
Por ahora, los expedientes abiertos por Sanidad, Seprona, Hacienda y Urbanismo siguen en fase de análisis. Las conclusiones dependerán de los informes técnicos y de la valoración final de la Junta de Andalucía. Mientras tanto, las familias aseguran que continuarán proporcionando documentación y colaborando con las autoridades “hasta que se aclaren todos los hechos”.
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