Los jueces avalan cortar luz, agua y gas a los «okupas» sin que sea delito

Los jueces permiten a los propietarios cortar el agua, la luz y el gas a los okupas sin que ello suponga un delito. Esta medida, que unifica criterio judicial, puede acelerar la recuperación de viviendas ocupadas en toda España.

Una nueva resolución judicial avala a los propietarios de viviendas ocupadas a cortar los suministros de agua, luz y gas sin que esto se considere delito de coacciones. Así lo ha determinado la Audiencia Provincial de Barcelona, que se reunió el pasado 7 de marzo para unificar criterios en casos de usurpación de inmuebles y allanamiento de morada.

Según el acuerdo alcanzado, “el titular de una finca (sea propietario o tenga derecho legítimo de uso) puede dejar de pagar o mantener los suministros sin incurrir en delito”. Con ello, los jueces eliminan la obligación de los dueños de seguir costeando servicios a quienes ocupan su propiedad de forma ilegal.

Según informa El Economista, esta postura, que ya compartía también la Audiencia Provincial de Gerona desde noviembre de 2023, marca una referencia para el resto de tribunales de España, que suelen seguir estos criterios unificados en futuras decisiones.

La decisión puede acelerar la salida de los okupas, al verse privados de suministros esenciales. Según datos de Alquiler Seguro, el tiempo medio que tarda un propietario en recuperar su vivienda ocupada es de 8 meses y medio. En comunidades como Castilla y León o Murcia, la espera puede alcanzar el año completo, mientras que en Aragón o Navarra se reduce a una media de cuatro meses.

El fenómeno de la ocupación ilegal sigue en aumento. Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2024 se han registrado 2.309 demandas por usurpación o allanamiento, un 2% más que el año anterior. Cataluña (463 demandas) y Andalucía (449) concentran casi el 40% del total, seguidas por la Comunidad Valenciana (391) y Madrid (186). En el lado opuesto se sitúan regiones como La Rioja (6 casos), Aragón (19) o Galicia (81).

Este nuevo marco judicial representa un cambio clave en la lucha legal contra la ocupación ilegal, permitiendo a los propietarios actuar con mayor rapidez y respaldo legal.