Alcaldes y concejales de varios municipios se reúnen en Benamargosa para alertar sobre la grave situación del campo y convocan una protesta en Málaga para exigir soluciones urgentes.
La preocupación por el futuro de la agricultura en la Axarquía volvió a hacerse visible este martes en Benamargosa, donde representantes municipales de distintos puntos de la comarca comparecieron públicamente para denunciar el delicado momento que atraviesa el sector. La rueda de prensa, impulsada por el Ayuntamiento de Benamargosa, sirvió para poner en común problemas estructurales que amenazan la continuidad de una actividad clave para la economía y la población rural.
El encuentro estuvo encabezado por el concejal de Agricultura de Benamargosa, Antonio Miguel, y contó con la participación del alcalde del municipio, así como de los alcaldes y representantes de Cútar, Almáchar, Comares y Sedella. Todos coincidieron en la necesidad de lanzar un mensaje conjunto ante una situación que califican de límite.
Durante su intervención, Antonio Miguel explicó que la agricultura en la Axarquía comparte muchas de las dificultades de la ganadería, con la particularidad de que en esta comarca el campo es, en muchos casos, la principal —y casi única— fuente de ingresos. Recordó además que se trata de un territorio marcado por el minifundio, la agricultura de montaña y las explotaciones familiares, un modelo que complica aún más la supervivencia del sector en el contexto actual.
El concejal destacó que, pese a que en los últimos años se ha observado un regreso de población joven a los pueblos con la intención de vivir del campo, las condiciones actuales hacen que esa apuesta sea cada vez más difícil de sostener. Los agricultores, señaló, han realizado un importante esfuerzo de adaptación, incorporando nuevas tecnologías, modificando cultivos, apostando por la producción ecológica y optimizando el uso del agua. Sin embargo, la suma de obstáculos ha llevado al sector a una situación insostenible.
Entre esos problemas, se mencionaron las sequías prolongadas, episodios puntuales de inundaciones, unas ayudas públicas consideradas insuficientes y el continuo aumento de los costes de producción, que contrastan con unos precios de venta que no dejan de caer. A ello se suma la incertidumbre generada por la falta de regularización en determinadas zonas agrícolas y la competencia desleal que, según denunciaron, se produce en algunos territorios.
Uno de los ejes centrales de la comparecencia fue la gestión del agua. Antonio Miguel expresó serias dudas sobre la futura desaladora, tanto por los plazos de ejecución como por el precio final del agua, que recaería directamente sobre los agricultores. También se abordó el uso de aguas regeneradas, una alternativa aceptada por el sector siempre que se garantice su calidad y que el coste sea asumible. Asimismo, se reclamó estudiar soluciones para aprovechar el agua de embalses que actualmente se vierte al mar mientras otros pantanos permanecen bajo mínimos.
Los representantes municipales también llamaron la atención sobre el estado de los ríos y las antiguas zonas de regadío, subrayando la necesidad de mantener y limpiar cauces y bancos de arena. Recordaron que estos espacios han sido cultivados durante generaciones y que diversas actuaciones administrativas y humanas han alterado el equilibrio tradicional del territorio.
Especial inquietud generó el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Desde el sector agrícola se alertó de la imposibilidad de competir con productos procedentes de países sudamericanos, donde los costes de producción son mucho menores debido a normativas laborales, sanitarias y medioambientales menos estrictas. Además, se criticó la falta de información clara sobre el contenido del tratado y el hecho de que se pretenda avanzar en su aplicación sin un debate amplio ni esperar el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Como resultado de esta reunión, los municipios anunciaron la convocatoria de una manifestación el próximo jueves 29 de enero, a las 11:00 horas, frente a la Subdelegación del Gobierno en Málaga, con el objetivo de visibilizar la situación crítica del campo y exigir medidas urgentes que garanticen su futuro.
Los ayuntamientos implicados coincidieron en advertir que, sin una respuesta decidida por parte de todas las administraciones, la agricultura en la Axarquía corre serio peligro, con el consiguiente abandono de explotaciones y el avance de la despoblación rural.