Investigan por presunto acoso laboral al gerente de los aparcamientos municipales de Málaga

Manuel Díaz ha sido llamado a declarar tras la denuncia de la exjefa técnica de la empresa, Trinidad Rodríguez, por presiones en las obras de un parking en la capital

El Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga ha citado como investigado al gerente de la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa) de Málaga, Manuel Díaz, tras una denuncia por presunto acoso laboral presentada por la que fuera jefa del Departamento de la Oficina Técnica de la empresa Trinidad Rodríguez.

Según recoge el auto, fechado a finales del diciembre pasado, la magistrada sostiene que los hechos «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal», por lo que ha acordado tomar declaración «al imputado» Manuel Díaz; así como a la denunciante y a otras cuatro personas como testigos, entre los que figuran el edil de Movilidad, José del Río; el exsecretario del Consejo de Administración de la sociedad municipal, Francisco Souvirón; la jefa de la Unidad Jurídica de Smassa, Cristina Ropero, y el subdirector de la empresa, Leonardo Cordero.

Según el escrito, la exjefa técnica informó de que «la oferta económica recibida de la UTE parecía demasiado reducida» y alude a retrasos en las actuaciones y a supuestos incrementos de precios; modificaciones que «a priori» se aceptan por la dirección, gerente y/o el concejal, «intentando luego buscar una justificación técnica y jurídica a una propuesta de reclamación económica de la UTE».

La situación generada llevó a la denunciante a activar el protocolo interno en Smassa contra el acoso, tras lo que se le comunicó «la modificación sustancial de las condiciones de trabajo hacia la misma tanto como una forma tanto de represaliarla como de evitar testigos incómodos para el denunciado ante la actitud de la compareciente de no tolerar graves irregularidades».

Esas supuestas irregularidades podrían implicar, presuntamente, «la comisión de ilícitos penales con graves perjuicios tanto para la Smassa como para la propia denunciante, si hubiera aceptado participar en dichos actos».

Ante al auto judicial, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel Pérez, ha recordado que tras conocer las reclamaciones de Rodríguez su grupo ya acudió a la justicia presentando una denuncia ante la Fiscalía y que PP y Ciudadanos «se negaron a llevar a cabo una comisión de investigación» solicitada por los socialistas.

En una rueda de prensa este lunes, Pérez ha señalado que lo denunciado por la exjefa técnica «era un presunto amaño de contrato público por valor de más de 12 millones de euros con la construcción del aparcamiento soterrado de Pío Baroja en El Palo, una supuesta manipulación para que las empresas se saltaran todos los plazos y que el parking estuviera listo antes de las elecciones municipales».

«Esperemos que las declaraciones que van a producirse aporten la información que el juzgado necesita y precisa, que lo haga cuanto antes, que se produzca la declaraciones cuanto antes, que se comprobará que no hay nada«, ha subrayado.

También la portavoz de los populares en el Consistorio, Elisa Pérez de Siles, ha remarcado que en el grupo se encuentran «tranquilos» porque «la justicia pondrá todo en su sitio como ha ocurrido en otras ocasiones». Ha criticado a los socialistas y, en concreto a Pérez, por moverse «en el territorio del barro político» cuando se acercan las elecciones.

Según la edil, «han sido muchos los compañeros que se han visto perjudicados y, al final, la Administración de justicia ha tenido que decir lo que ha dicho hasta el momento: que por mucho que les cueste a los partidos de la oposición somos un ejemplo de buen gobierno, de transparencia y afortunadamente no existe ningún caso de corrupción en el Ayuntamiento de Málaga por mucho que lo han intentado los partidos de la oposición siempre, curiosamente, en etapas cercanas a las elecciones».

Sobre el caso, ha defendido que es «un procedimiento judicial lógico abrir diligencias de investigación» y que el llamar como investigado al gerente «forma parte de sus garantías procesales, de sus garantías de defensa».