El clima político en Estepona vuelve a tensarse tras la petición de la Fiscalía de imputar al alcalde, José María García Urbano, por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Según un comunicado difundido por el PSOE, la acusación se centra en la contratación municipal de una mujer con la que el regidor mantenía una relación personal y que, siempre según la versión socialista, no habría desempeñado tareas en su puesto.
A raíz de estas novedades, el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y la secretaria general del PSOE de Estepona, Emma Molina, han reclamado al presidente de la Junta y líder del PP andaluz, Juanma Moreno, la destitución inmediata del alcalde. Molina, además, ha reiterado su exigencia de dimisión y ha pedido al Partido Popular que actúe para “preservar la imagen de la ciudad”.
La responsable socialista sostiene que los documentos del expediente evidencian que la trabajadora nunca ejerció funciones en el área asignada, carecía de medios materiales como despacho u ordenador y continuó residiendo en Córdoba durante la vigencia del contrato. Añade que la mujer se sometió a una cirugía estética en Málaga sin comunicar baja médica alguna al Ayuntamiento. Como acusación popular, Molina afirma haber aportado todas las pruebas que acreditarían el cobro de un salario sin prestación de servicio.
La Fiscalía, además de solicitar la imputación de García Urbano, ha pedido que la mujer contratada sea investigada como cooperadora necesaria en el supuesto delito.
Fuentes municipales han defendido al alcalde y aseguran que su representación legal ha solicitado el sobreseimiento del caso. Argumentan que el procedimiento se abrió “a partir de declaraciones falsas” sobre la contratación de un cargo de confianza entre febrero y marzo de 2023.
El consistorio recuerda igualmente que la Justicia archivó de manera definitiva otra denuncia de acoso presentada por la misma mujer, concluyendo que se trataba de una acusación falsa, algo que —según estas fuentes— reforzaría la tesis de la defensa.
Los representantes legales del regidor sostienen que no existe delito ni irregularidad administrativa y subrayan que, con el fin de garantizar la transparencia, García Urbano consignó los 5.276,92 euros percibidos por la investigada durante el periodo objeto de revisión. Añaden que ninguna de las partes acusadoras ha aportado pruebas concluyentes contra el alcalde.
Desde el entorno del regidor consideran que el caso forma parte de una campaña “política y mediática injusta” destinada a dañar su trayectoria y apartarlo de la vida pública municipal.
El Ayuntamiento también destaca que el alcalde no percibe sueldo por su cargo y reivindica su gestión al frente del consistorio, señalando que desde su llegada ha logrado liquidar la deuda municipal, que superaba los 300 millones de euros.
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