El Ejecutivo andaluz reclama al Gobierno de España que actúe ante la UE porque aún existe margen de negociación
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha presentado un informe al Consejo de Gobierno en el que se cifra en unos 315 millones de euros el impacto económico de los aranceles que pretende implantar Estado Unidos sobre las exportaciones agroalimentarias andaluzas, tomando como referencia los datos de 2018.
El Gobierno andaluz considera que todavía existe margen y confía en que finalmente las negociaciones fructifiquen y EEUU retire su amenaza sobre los productos agroalimentarios. Para ello, reclama al Gobierno de España que afronte con urgencia y con rigor esta situación y actúe ante la Unión Europea para conseguir frenar esta situación en la negociación con Estados Unidos.
El Ejecutivo andaluz ha reforzado su posicionamiento con una declaración institucional y recuerda que hasta el 18 de octubre, fecha en la que Estados Unidos ha anunciado que definirá el listado definitivo de productos afectados, así como el tipo de gravamen que aplicará a cada uno de ellos, existe margen para la negociación desde la unidad. Mientras tanto, la Junta de Andalucía permanece alerta a la cita del 14 de octubre entre Estados Unidos y la Unión Europea en el llamado Organismo de Solución de Diferencias.
El mercado estadounidense representa cerca del 6,5% de las exportaciones totales de productos agroalimentarios andaluces. El valor de estas exportaciones rozó los 680 millones de euros en 2018, lo que sitúa a este país como el primer destino no comunitario y el sexto a nivel mundial en ventas al exterior de la comunidad.
Principales productos
Los principales productos agroalimentarios exportados al país norteamericano son el aceite de oliva, con 329 millones de euros (el 50% del total); aceitunas, con 142 millones de euros (21%); otros aceites, con 61 millones de euros; arroz, con 20 millones de euros; pulpo, con 19 millones de euros; almendra, con 12 millones de euros; queso, con 10 millones de euros; cangrejo, con 8 millones de euros y vino de Jerez, con 5 millones de euros.
Andalucía será la comunidad autónoma más perjudicada en caso de que la amenaza estadounidense se haga realidad, pues supondría en torno al 40% de las exportaciones agroalimentarias españolas a Estados Unidos.
Efectuar un cálculo sobre el impacto real de la aplicación de este nuevo gravamen resulta muy complejo. El informe de la Consejería de Agricultura destaca que no es viable una aplicación lineal del 25% a todos los productos, porque cada uno soporta en la actualidad unos códigos arancelarios diferentes.
El ejemplo más clarificador es el del aceite de oliva, el producto más exportado. Con la información disponible en la actualidad, la producción a granel, que representa en torno al 50% de los productos demandados por EEUU, estaría libre de esta nueva política arancelaria.
De este modo, al tener en cuenta estas consideraciones y con todas las reservas que conlleva, el informe estima que el valor total de esta política arancelaria rondaría los 120 millones de euros al año de incremento del precio de estos productos en el punto de venta. No obstante, el impacto económico en pérdidas que tendrían las exportaciones del sector agroalimentario andaluz sería de unos 315 millones de euros.
Medidas compensatorias
Pese a que el Gobierno andaluz confía en que finalmente las negociaciones fructifiquen y EEUU retire su amenaza, resulta necesario contemplar una serie de posibles medidas compensatorias a adoptar llegado el caso. Por ello, reclama al Gobierno de España que demande en Bruselas la actualización de los umbrales de referencia para la activación del almacenamiento privado del aceite de oliva, en atención al apartado B de la normativa europea. La legislación comunitaria alude a la necesidad de responder de manera oportuna a una situación de mercado especialmente difícil o a una evolución económica que tenga un impacto negativo significativo en los márgenes del sector.
La Junta propone que si se articulan ayudas por distorsión del mercado desde la UE, estas subvenciones no se financien con los fondos de la reserva de crisis de la Política Agrícola Común (PAC), cuyo objetivo es respaldar a los productores en otras circunstancias propias de los mercados agrarios.
Además, contempla la promoción de los productos como una de las vías disponibles para intentar encontrar nuevas oportunidades de negocio, por ejemplo, conquistando nuevos mercados en países emergentes. En este sentido, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible trabaja en la elaboración del Plan de Competitividad que ha de estar finalizado en el primer trimestre de 2020. Entre los objetivos de esta iniciativa figura mejorar la seguridad, la estabilidad y las oportunidades de negocio apostando por un constante diálogo con todas las partes implicadas.