Desahucian en Málaga a un matrimonio de pensionistas dependientes tras doce años de alquiler y sin alternativa de vivienda

Mariló y Javier, ambos con un elevado grado de dependencia, abandonan su domicilio de la calle La Unión tras ejecutarse el lanzamiento. El Ayuntamiento les ofrece alojamiento temporal durante una semana mientras colectivos sociales denuncian la falta de soluciones habitacionales y el amplio despliegue policial.

La Policía Nacional ejecutó este lunes el desahucio de Mariló, de 62 años, y Javier, de 63, un matrimonio de pensionistas con problemas de salud y reconocidos grados de dependencia que residía desde hacía más de una década en una vivienda de alquiler situada en el número 67 de la calle La Unión, en Málaga.

El lanzamiento se produjo después de que una primera orden fuera aplazada semanas atrás gracias a una prórroga judicial obtenida tras la movilización de vecinos y del colectivo Un Techo por Derecho. Sin embargo, la suspensión expiró y la comisión judicial llevó a cabo finalmente el desalojo.

El operativo comenzó de madrugada. Desde aproximadamente las 6.30 horas, un amplio dispositivo formado por cinco furgones de la Policía Nacional y dos vehículos de la Policía Local permaneció en la zona, donde se restringió parcialmente el tráfico durante cerca de cuatro horas, obligando a desviar la circulación por calles próximas. La intervención concluyó alrededor de las 10.30 horas, una vez abandonada la vivienda.

«A las seis de la mañana ya estaban llamando al portero», relató Mariló tras abandonar el inmueble en el que había vivido junto a su marido durante unos doce años y con el que compartían también su gata, trasladada posteriormente por los servicios sociales municipales.

La situación sanitaria del matrimonio había sido uno de los argumentos esgrimidos por los colectivos sociales para solicitar la paralización del lanzamiento. Javier padece una enfermedad pulmonar grave que requiere atención médica frecuente y oxígeno, mientras que Mariló presenta problemas de salud mental. Ambos cuentan con reconocimientos oficiales de dependencia.

Desde Un Techo por Derecho sostienen que las circunstancias de vulnerabilidad continúan siendo las mismas que motivaron el aplazamiento del primer intento de desahucio y lamentan que finalmente no se hayan tenido en cuenta para evitar la ejecución.

Tras abandonar el inmueble, el Ayuntamiento ha ofrecido al matrimonio alojamiento en un hostal situado en la zona de Los Prados durante una semana. No obstante, ni la pareja ni las organizaciones que les acompañan conocen cuál será su destino una vez finalice ese recurso temporal.

El colectivo considera que esta medida no constituye una solución habitacional estable y denuncia que numerosos hogares vulnerables afrontan situaciones similares sin alternativas permanentes. Sus representantes advierten de que la crisis del acceso a la vivienda en Málaga continúa agravándose y reclaman una mayor implicación de las administraciones.

Otra de las críticas se dirigió al despliegue policial organizado para ejecutar el lanzamiento. Desde la plataforma califican el operativo de «desproporcionado», al entender que el corte de una de las principales vías de la zona durante varias horas no se correspondía con las características del desahucio, protagonizado por una pareja de pensionistas sin incidentes violentos.

Al desahucio acudieron vecinos, activistas y personas que habían atravesado procesos similares para mostrar su apoyo al matrimonio. Entre ellas se encontraba Almudena García, quien perdió su vivienda meses atrás y aseguró que quiso acompañar a Mariló y Javier por el respaldo recibido anteriormente por parte del mismo colectivo.

Según explican desde Un Techo por Derecho, el propietario del inmueble es un gran tenedor y decidió no renovar el contrato de alquiler, que ascendía a 500 euros mensuales. La plataforma sostiene además que, una vez vencido el contrato, dejó de aceptar el pago de las rentas, circunstancia que desembocó en el procedimiento judicial que ha concluido con el lanzamiento definitivo.

Con la ejecución del desahucio consumada, Mariló y Javier afrontan ahora un futuro incierto. El alojamiento temporal concedido por los servicios sociales expira en una semana y, por el momento, no disponen de una vivienda definitiva a la que trasladarse.