Cinco días para desalojar definitivamente la Eco Reserva de Ojén

La Junta de Andalucía dictó en febrero un acuerdo mediante el cual acordaba la caducidad de la concesión a Andalucía Ecotur S. L., contra la que la empresa presentó por la vía administrativa un recurso de alzada que fue desestimado en mayo por una resolución de la Consejería de Medio Ambiente, por lo que la compañía inició la tramitación judicial de un recurso Contencioso-Administrativo en agosto, con la petición de medidas cautelares, que también ha sido desestimada.

De este modo, la Junta continúa con “los trámites para la liberación del bien demanial ocupado de monte público y el lanzamiento”, un aspecto que fue requerido al titular de la antigua concesión el pasado 3 de mayo para “el abandono y la reversión del mismo” y que “no lo ha hecho”. Por ello, ha vuelto a requerir a que “proceda a desocupar en su totalidad el espacio del monte público demanial objeto de la concesión ya caducada”.

Igualmente, se le requiere a que “recoja la maquinaria y el mobiliario que sean de su propiedad, así como los demás enseres personales en el plazo de cinco días hábiles”. En el caso contrario, la Delegación Territorial advierte de que “podrá ejecutar subsidiariamente estas acciones, siendo repercutido su coste a la entidad”. Así mismo, se le requiere a que “autorice el acceso a la instalación concreta ubicada en el dominio público en cuestión, que a modo de morada habitual, el interesado ha indicado que es su domicilio”, en relación a la “caseta veterinaria”.

La jueza descarta aplicar medidas cautelares

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Málaga ha rechazado la petición de la antigua concesionaria de la Eco Reserva de Ojén de suspender la resolución dictada por la Consejería de Medio Ambiente en febrero, mediante la cual se declaraba la caducidad de la concesión administrativa para la ocupación del monte público ‘Sierra Blanca’.

El auto del Juzgado, al que ha tenido acceso Málaga Hoy, fue emitido el pasado 10 de noviembre, y resuelve la petición de medidas cautelares para suspender la caducidad de la concesión, que ha sido desestimada en base al “interés general” y a la protección del Medio Ambiente.

El auto señala que “los agentes de Medio Ambiente de la Delegación Territorial acudieron a la Eco Reserva los días 6 y 7 de octubre para, entre otras tareas, comprobar el estado de los animales y llevarles urgentemente agua y comida”. Así mismo, hace mención a “las deficiencias detectadas en el vallado perimetral que acota la reserva, animales a abandonar esta última en busca de sustento, con el peligro potencial que ello supone para la seguridad vial”.

En la ponderación de “intereses en conflicto” que hace la jueza, destaca que la resolución de caducidad “no es más que la consecuencia de aplicar la legislación en materia de dominio público y protección del Medio Ambiente, garantizando la protección del interés público subyacente ante el ejercicio de una actividad potencialmente peligrosa en los terrenos públicos”.

De este modo, incide en que “el interés público subyacente en el mantenimiento de la actuación administrativa recurrida resulta, por lo tanto, evidente. Se se trata de evitar que con la ocupación del monte por el parque zoológico, se mantenga un incumplimiento de las condiciones que lo venían permitiendo”.

Según apunta, este incumplimiento afecta “directamente a la seguridad del monte público, pudiendo generarse daños que afecten gravemente a éste, y por extensión a los intereses que esta Administración está obligada a tutelar”. En el texto se remarca que “la tutela es de un acusado interés general al ser el Medio Ambiente un bien colectivo y con protección de rango constitucional que prevalece sobre el interés particular”.

Por ello, estima que frente a los intereses particulares de la empresa “debe prevalecer el interés público concretado en el debido respeto de la Eco Reserva, por lo que procede denegar la suspensión interesada”, y resolviendo que “no ha lugar a la suspensión del acto recurrido, sin costas”. Contra la decisión judicial cabe interponer recurso de apelación en el plazo de 15 días desde su notificación.

La representación legal de la empresa, el abogado Alejandro Criado, ha señalado que contunúa la tramitación del recurso Contencioso-Administrativo, pese a la desestimación de las medidas cautelares por parte de la jueza, recordando que se presentó con el objeto de pedir que «se revoque la declaración de caducidad» de la concesión administrativa de la Eco Reserva de Ojén.