La Junta de Andalucía ha ordenado el cierre de una residencia privada de mayores ubicada en Málaga capital tras constatar que llevaba más de una década operando sin licencia de apertura y que incumplía las condiciones mínimas de habitabilidad e higiene. La decisión se ha tomado a raíz de una inspección de los Servicios Sociales de la delegación territorial de Málaga.
Según han informado a EFE fuentes del Gobierno andaluz, el centro no contaba con plazas concertadas con la Junta, y tras el cierre, todos los residentes han sido reubicados. Las mismas fuentes han señalado que, pese a tratarse de una residencia privada, la administración autonómica ha prestado apoyo a las familias para facilitar la redistribución de los ancianos afectados.
Los inspectores encontraron una serie de condiciones inhumanas en el centro, que incluían paredes llenas de humedades, excrementos en diversas estancias, suelos hundidos, colchones manchados de orina, y roturas de barandillas, entre otros desperfectos. Estas condiciones evidencian una total falta de mantenimiento y respeto hacia los residentes. La solería de la ducha también estaba levantada, lo que constituía un claro peligro para la seguridad de los ancianos.
Uno de los propietarios del inmueble, que tenía alquilado el local, sufrió un desmayo al ingresar a la finca al ver la magnitud de los daños. El abogado que representa a los propietarios, Andrés Francisco Pérez Plaza, en declaraciones a EFE, calificó la situación como una «residencia de los horrores», haciendo referencia a las deplorables condiciones en las que se encontraba el lugar.
Deuda y Extorsión: Un Conflicto Adicional
Además de las condiciones insalubres, el propietario de la finca denunció que las inquilinas responsables de la explotación del centro dejarían una deuda de 84.458,75 euros. A medida que la deuda iba creciendo, los propietarios intentaron vender la propiedad para poder cubrir sus gastos y la hipoteca. Sin embargo, las inquilinas exigieron dinero para abandonar el inmueble y amenazaron con destrozar la propiedad si no se cumplían sus demandas.
El abogado de los propietarios aseguró que no cedieron a la extorsión de las inquilinas, y con la ayuda de un detective privado pudieron corroborar que, tras la orden de cierre de la Junta, las responsables estaban trasladando pertenencias a una nueva residencia en Torremolinos.
