Actuarán en el ámbito de sus competencias y en coordinación con los Mossos d’Esquadra», según el Ministerio
El Ministerio del Interior enviará a Cataluña en los próximos días 750 agentes antidisturbios de la Policía Nacional y 350 de la Guardia Civil para reforzar la seguridad en esta comunidad en apoyo a los Mossos d’Esquadra de cara a los incidentes que se pudieran producir ante la inminente sentencia del ‘procés’ que se prevé que el Tribunal Supremo hará pública los próximos días, según han confirmado fuentes gubernamentales a TVE. Hace dos años, con motivo de la celebración del referéndum ilegal del 1-O se desplazaron a Cataluña hasta 6.000 agentes.
Fuentes de Interior han explicado que, en todo caso, la Policía y la Guardia Civil actuarán «en el ámbito de sus competencias y en coordinación con los Mossos». La policía catalana ha activado a todos sus antidisturbios de la Brigada Móvil (Brimo) y del Área Regional de Recursos Operativos (Arro) de cara a las movilizaciones anunciadas desde el segundo aniversario del 1-O, informa Europa Press.
El conseller de Interior, Miquel Buch, ha asegurado este martes que, ante la «complejidad de la etapa» que vive Cataluña y que «podría incrementarse más en los próximos días», los Mossos actuarán como policía de seguridad y judicial para garantizar los derechos y libertades y «la convivencia pacífica».
Buch ha destacado en un acto su «profesionalidad» y que la policía catalana «está preparada para resolver cualquier escenario que se pueda presentar», según recoge Efe.
El dispositivo policial se irá evaluando para decidir si debe incrementarse el número de efectivos si los grupos independentistas cumplen finalmente con los llamamientos de diferentes plataformas como Tsunami Democratic de responder con movilizaciones en la calle a la sentencia del ‘procés’, y si dichas concentraciones toman un cariz violento.
La posibilidad de incidentes aumentó, según informes policiales citados por esta agencia, desde que el lunes 23 de septiembre fueron detenidos por la Guardia Civil nueve integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) en una operación ordenada por la Audiencia Nacional y la Fiscalía. Siete de ellos ingresaron en prisión en calidad de investigados por los presuntos delitos de pertenencia a organización terrorista, conspiración para causar estragos y tenencia y fabricación de explosivos.
Este lunes los CDR anunciaron que se sumaban a las marchas promovidas por la ANC y Òmnium como respuesta a la sentencia del juicio del 1-O.