Este viernes, el Juzgado de Instrucción 9 de Málaga ha decretado la apertura de juicio oral contra Serrano, como único acusado por la muerte del pequeño Julen de dos años que cayó en el pasado mes de enero a un pozo, ubicado en una finca del municipio malagueño de Totalán.
Allí pereció el menor, tras caer en un descuido al interior de la perforación, de la que fue rescatado sin vida trece días después, tras un operativo sin precedentes, que sumó decenas de efectivos y miles de euros de inversión, con el objetivo de salvar al pequeño.
El juzgado imputa a Serrano un delito de homicidio por imprudencia grave, al tiempo que le impone el pago de una fianza de 885.300 euros o el embargo de sus bienes hasta alcanzar esta cantidad. Una fórmula, mediante la cual el tribunal lo mantiene en libertad, aun ordenando que abone dicha cuantía, que responde a la necesidad de hacer frente a las posibles responsabilidades monetarias a las que pudiera ser condenado en el procedimiento.
En ese capítulo, la jueza que instruye el caso atiende a capítulos como las indemnizaciones a los padres del menor, o el coste del rescate de Julen: un operativo en el que se implicaron medios técnicos y humanos de Málaga, su provincia, la comunidad andaluza y el conjunto del país, volcados todos ellos en aquel fatídico caso que estremeció al mundo. Un operativo, cuyo coste sumió en su día la Junta de Andalucía, tras tasarlo en 700.000 euros.
La Fiscalía, la acusación particular, en representación de los padres del niño, y la Junta de Andalucía solicitaron la apertura de juicio oral contra Serrano por un delito de homicidio por imprudencia grave. Inicialmente, el ministerio público solicita tres años de prisión, mientras que los padres de Julen, José Roselló y Victoria García, abogan porque la pena se establezca en tres años y medio de cárcel. Una petición «exagerada» para Antonio Flores, abogado de David Serrano, que ha apuntado además que estudian formalizar una solicitud de concurso de acreedores «para acreditar que si no paga es porque no puede, y no porque no quiere».
La jueza del caso considera que debe acordarse la apertura de juicio oral al concurrir «indicios racionales en relación a la perpetración de un delito de homicidio por imprudencia grave», considerando que Serrano «era conocedor de que el pozo se encontraba al descubierto sin estar protegido» y que «no adoptó ninguna medida de seguridad para evitar accidente alguno», sin quedar acreditado, además, que alertara de la existencia de la perforación, «cuya visualización, además, era difícil».
El pequeño cayó el 13 de enero de 2019 a un pozo de 25 centímetros de diámetro y de algo más de 70 metros de profundidad. En torno a esa perforación, se estableció un operativo para rescatar al pequeño, que chocó en varias ocasiones con las dificultades técnicas que se hubieron de afrontar por la dureza del terreno de la finca ubicada en Totalán, donde comenzó y acabó todo, el día en que los padres del pequeño y un grupo de amigos, pretendían disfrutar de un domingo de campo.
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