Abogados y Procuradores recibirán 2,10 millones de euros por la justicia gratuita

Abogados y Procuradores recuperaron los derechos que se vieron afectados desde la crisis económica. | Málaga Magazine
  • La mayor parte de esta cantidad se destina a sufragar la prestación del turno de oficio y turno de guardia realizada por los abogados
  • Justicia cumplió con el compromiso de abonar en el plazo de 45 días las prestaciones a los profesionales

Los colegios de abogados y procuradores recibieron de la Consejería de Justicia e Interior de Málaga y Antequera más de 2,10 millones de euros por la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita correspondiente al tercer trimestre de 2018 en esta provincia.

Con este pago, Justicia cumplió el compromiso de abonar a abogados y procuradores las prestaciones del servicio de justicia gratuita en el plazo máximo de 45 días desde que se presenta la certificación de su trabajo, tal como se acordó en la Comisión Mixta que integran el Gobierno andaluz y los colegios profesionales.

En lo que va de año, la Junta abonó 31,1 millones de euros por este servicio en Andalucía, que prestan en toda la comunidad autónoma más de 10.000 profesionales, entre abogados y procuradores, y del que se benefician anualmente más de 300.000 personas.

Se abonó 31,1 millones de euros por el servicio que prestan más de 10.000 profesionales, entre abogados y procuradores

La mayor parte de esta cantidad se destina a sufragar la prestación del turno de oficio y turno de guardia realizada por los abogados, mientras que los procuradores reciben un total de 122.958 euros por el turno de oficio.

Estos pagos incluyen el incremento del 10% en el turno de guardia, mientras que en el turno de oficio los módulos que remuneran a los abogados y procuradores se incrementaron en un 5%, después de que subiera otro 5% en 2017, con lo cual estos profesionales recuperaron los derechos que se vieron afectados por la crisis económica.

Además, el año pasado ya se incrementó hasta el 8% las cantidades destinadas a los gastos de funcionamiento de los colegios profesionales.