Nada podía hacer presagiar aquel 4 de diciembre de 1977 a Manuel José García Caparrós, un joven de 18 años, trabajador de la fábrica de Cervezas Victoria de Málaga y militante de CCOO, que su nombre iba a quedar ligado para siempre a la reivindicación de la autonomía andaluza.
Ese día que había amanecido lluvioso en Málaga, Manuel José avisó a su madre de que iba a dar un paseo con los amigos y de que iría a la manifestación, e incluso la animó a que le acompañara, pero finalmente salió solo del domicilio familiar en la calle La Unión.
La manifestación por la autonomía partió a las doce del mediodía de la plaza de toros de La Malagueta y se desarrollaba sin incidentes hasta que un joven, Trinidad Berlanga, escaló la fachada de la Diputación, donde sólo ondeaba una bandera española, para colocar junto a ella una bandera andaluza.
Al empezar los incidentes, un tercio de la manifestación se desgajó, algunos participantes se fueron a su casa y otros se enfrentaron a la Policía en la entonces Avenida del Generalísimo, hoy Alameda Principal.
«Los agentes lanzaron pelotas de goma y bombas de humo y, al quedarse sin refuerzos, aseguraron que se vieron obligados a disparar«, relata Rosa Burgos, secretaria judicial y autora de los libros «La muerte de García Caparrós en la transición andaluza» y «Las muertes de García Caparrós», ambos editados por la revista «El Observador».
En la esquina de la Alameda de Colón con la calle Vendeja, cerca del cuartel de la Policía Armada, García Caparrós recibe el impacto de una bala del calibre utilizado por la Policía que entra por su axila izquierda. Alfredo Inocencio, un agente comercial, oye a un chaval a su lado que grita «hijos de puta, me han dado», y al preguntarle qué pasa, García Caparrós le dice que le han «pegado un tiro». Inocencio lo levanta del suelo, intenta llevarlo hacia el río Guadalmedina para resguardarlo allí y se encuentra con José Berrocal, un pintor, que le ayuda a atravesar la calle.
García Caparrós está desangrándose, sin su cazadora y con la camisa desabrochada, y al verle en estado tan grave, Isidro Fernández, panadero, que estaba escondido junto a un quiosco de prensa, le ayuda a subir hasta el puente de Tetuán.
Allí están un estudiante de Medicina, Carlos Carmona, y un albañil, José Rueda, que le llevaron hasta un vehículo blanco de la marca Simca que le trasladó al hospital Carlos Haya; pero García Caparrós murió en el trayecto e ingresa cadáver en el centro sanitario.
A su familia le dijeron primero que había sufrido un accidente de tráfico pero cuando su padre tuvo que identificar a su hijo vio la herida de bala. Después llevó al domicilio familiar una bolsa con la ropa de Manuel José y la escondió detrás del frigorífico para que no la viera su madre.
Rosa Burgos, que ha investigado más de medio millar de documentos, tanto del sumario judicial como de la comisión parlamentaria que investigó la muerte, cree que hay una serie de indicios que apuntan a un policía cuya identidad se correspondía con las iniciales M.P.R. como autor del disparo.
Ese policía alegó enfermedad el día que fue citado por el juez, e inicialmente no se le hizo una prueba de balística porque aseguró que el 4 de diciembre ni siquiera había sacado su pistola.
Al pedirlo el abogado de la familia García Caparrós, se hizo la prueba, que detectó «ciertas similitudes» con la pistola de M.P.R., pero al ser solicitada ésta «se dijo que no se sabía dónde estaba porque se había dado de baja, a pesar de estar en buen uso y de que el policía seguía en activo».
Finalmente, la pistola aparece, pero Rosa Burgos cree que «se le pudo dar el cambiazo a la bala, y ni siquiera se dice que pudo impactar en un cuerpo humano, porque había sido limpiada con acetona«.
A todo ello se suma que M.P.R., que murió «hace unos tres años», fue trasladado después de los hechos a otra ciudad, «no se sabe si por voluntad propia o por alejarlo de Málaga«, según Rosa Burgos, que tiene publicados todos los documentos que ha consultado en la web de » El Observador».
Ha titulado su libro: «Las muertes de García Caparrós» porque el joven malagueño sufrió «no sólo una muerte física, sino también institucional, jurídica yParlamentaria ya que sólo se le ha prestado atención en estos cuarenta años cada 4 de diciembre«.